Homicidios en América Latina y el Caribe

El objetivo del programa es mejorar la eficacia policial en la detección, persecución y prevención del delito mediante mejoras en la generación y uso de la información criminológica. En particular, este proyecto busca mejorar la calidad de la recopilación y análisis de la información criminológica de manera que la policía pueda mejorar la capacidad de identificar los patrones del crimen y la causalidad del mismo y apoyar el diseño e implantación de operativos policiales, como mecanismo para reducir la delincuencia. Entre los indicadores de resultados del programa se detalla la reducción de homicidios en el año 2016 tomando como base el 2010 (Baja en la tasa de homicidios y asesinatos por 100.000 habitantes < 18,4).

En Uruguay existe una gran cantidad de armas de fuego sin registrar que están en poder de los ciudadanos. Son esas mismas armas las que, en algún momento y por diversas causas (venta, robo, etc.), pueden terminar ingresando al mercado ilegal de armamento al que recurren las personas que delinquen.El objetivo de la campaña es colaborar en la importante tarea de desarme de la sociedad uruguaya, uno de los objetivos imprescindibles en el camino hacia una convivencia más armónica, en la que las diferencias se solucionen a través del diálogo y la negociación. La campaña "Armas para la Vida" propone un canje: el ciudadano entrega un arma y recibe a cambio otra: un "arma para la vida"; un arma de conocimiento: "ceibalita", o una para el esparcimiento, el ejercicio o el trabajo: la bicicleta.

Se trata de un programa de patrullaje en el Municipio Sucre que busca optimizar la presencia policial y reducir la incidencia delictiva, específicamente los homicidios, bajo la modalidad y justificación de la denominada: puntos calientes. La intervención de puntos calientes consiste en detener la patrulla en cada uno de los puntos cuatro veces al día, durante 15 minutos, todos los días de la semana. Según el programa detener la patrulla en este contexto implica romper con la forma tradicional de patrullaje (es decir, la patrulla en constante movimiento intentando detectar y prevenir posibles delitos) y literalmente estacionar la patrulla en el punto caliente y dialogar con los ciudadanos, establecer puntos de control, detener a sospechosos, etc.

Se trata de un premio o bonificación en especie a los policías militares, civiles y bomberos de las áreas (AISP) que alcancen la reducción de los crímenes violentos letales intencionales: homicidio doloso, latrocinio, lesión corporal dolosa seguida de muerte, y otros crímenes dolosos que resulten en muerte. Al final de cada año se definirán las metas generales y específicas para el año subsiguiente, con revalidación semestral por el Comité Gestor de la Seguridad y la Defensa Social. El premio tendrá periodicidad semestral, con valor a ser definido por decreto del Jefe del Ejecutivo.

Los territorios de inclusión y oportunidades (Tios) están conformados por barrios que en términos generales albergan poblaciones con indicadores de vulnerabilidad socio-económicos, en especial altas tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y de homicidios. La Estrategia Tios tiene cinco Programas para su intervención en los barrios seleccionados: (i) Desarrollo de Primera Infancia, (ii) Disminución del hambre y la pobreza, (iii) Inclusión Social y Jóvenes, (iv) Espacios y hábitats amanles, (v) Seguridad y Convivencia. Este último programa promueve la convivencia, el fortalecimiento de la seguridad y la resolución pacifica de conflictos. Entre los indicadores de resultados se incluye la reducción de homicidios en el periodo de implemntación del programa (2012-2015) al respecto del año base (2011), esto incluye tanto la reducción de homicidios en los TIOs como la reducción de los homicidios con jóvenes como víctimas en los TIOs.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Nuestra propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. Eso va a exigir presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. Esta campaña se realiza: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos.(ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Nuestra propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. Eso va a exigir presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. Esta campaña se realiza: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos.(ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Nuestra propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. Eso va a exigir presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. Esta campaña se realiza: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos.(ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Nuestra propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. Eso va a exigir presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. Esta campaña se realiza: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos.(ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Nuestra propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. Eso va a exigir presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. Esta campaña se realiza: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos.(ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Su propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. La estrategia es generar presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. El programa se plantea hacerlo a partir de: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos. (ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente. (iv) Con movilizaciones que presionan a los encargados de la toma de decisiones a realizar cambios e inversiones en las políticas públicas. (v) Estimulando la empatía, en contraste con la idea de que las tasas altas de asesinatos son normales o aceptables en nuestras sociedades. (vi) Estimularemos la movilización de ciudadanos y ofrecemos apoyo técnico para que los responsables por las políticas públicas desarrollen planes efectivos de reducción de homicidios.

La alianza latinoamericana Instinto de Vida fue creada a partir de la unión de decenas de organizaciones no gubernamentales de la región. Nuestra propuesta es reducir la violencia letal a la mitad en 10 años. Eso va a exigir presión y compromiso para impulsar políticas públicas innovadoras basadas en evidencias. Esta campaña se realiza: (i) Estableciendo objetivos y metas para la reducción de los homicidios, respaldados por compromisos claros de los gobiernos.(ii) Apoyando el desarrollo de planes y programas para reducir los homicidios en las zonas más afectadas. (iii) Difundiendo datos e información sobre las políticas públicas y los programas que funcionan efectivamente.

Los objetivos del Programa de Seguridad Ciudadana (CSP) es contribuir a la reducción del crimen y la violencia apoyando una etapa piloto que aborde factores de riesgo como armas de fuego, vecinos inseguros, conductas personales violentas, dirigidos a 19 comunidades de alto crimen. También buscaría fortalecer la capacidad de diagnóstico, política, monitoreo y evaluación del MNS. Los objetivos específicos establecidos por el programa son: (i) reducir los niveles de homicidios, robos y lesiones en las comunidades asociadas, (ii) aumentar la percepción de seguridad en las comunidades asociadas, (iii) para reducir lesiones relacionadas con armas de fuego, maltrato infantil, violencia doméstica y violencia juvenil, (iv) aumentar la eficacia colectiva para prevenir la violencia en las comunidades asociadas. La metodología de CSP se basa en una estructura de tres pilares, que combina la acción comunitaria, la asistencia al Servicio de Policía de Trinidad y Tobago y el fortalecimiento institucional del Ministerio de Seguridad Nacional. La acción comunitaria es el componente central del programa; movilizando no solo actores a nivel comunitario, sino también organizaciones no gubernamentales (ONG) de Trinidad y Tobago.

El programa VIP trabaja para romper el ciclo de violencia juvenil en las comunidades de Jamaica mediante el uso de Interruptores de Violencia capacitados, que son residentes de la comunidad muy respetados por los niños, jóvenes y adultos en sus vecindarios. Los Interruptores de Violencia tienen entre sus tareas: (i) identificar y detectar posibles tiroteos (ii) identificar y detectar individuos y grupos con mayor riesgo de estar involucrados en tiroteos / asesinatos (iii) interrumpir la violencia potencial mediando conflictos y evitan represalias (iv) influenciar los comportamientos y normas de aquellos en mayor riesgo de involucrarse en disparos / asesinatos, y (v) utilizar datos para informar los esfuerzos diarios y hacer los cambios necesarios a las estrategias de interrupción.

Campaña puntual para la entrega de armas de fuego y para la reducción de la violencia armada en Sao Paulo. La campaña forma parte de la semana de acción global "Week of action" de la red internacional IANSA International Action Network on Small Arms.

El objetivo general del Programa es contribuir a reducir los elevados índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en 8 municipios de Espiritu Santo. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la efectividad de la Policía Civil y de la Policía Militar en la prevención, control e investigación de la criminalidad violenta; (ii) reducir la victimización e incidencia delictiva de los jóvenes de 15 a 24 años en condiciones de riesgo a la violencia y mejorar sus oportunidades de integración social; y (iii) reducir la reincidencia de la población joven en conflicto con la ley. El programa se implementa a partir de tres componentes principales: (i) Mejora de la efectividad policial para la prevención, control e investigación del crimen (ii) Prevención social de la violencia para la población joven (iii) Modernización del proceso de resocialización.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

La superación de la violencia doméstica es uno de los grandes desafíos de las políticas públicas en Brasil. La Ley no 11.340, conocida como Ley Maria da Penha (LMP), sancionada en 2006, representó un marco institucional importante en ese camino, pues trató de forma integral el problema de la violencia doméstica, y no sólo de la imputación de una mayor pena al ofensor . La Ley Maria da Penha también menciona los Centros de Educación y Rehabilitación de Agresores.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

Campaña para la sensibilización, reducción de los femicidios y la impunidad de estos crímenes. La principal estrategia es la realización de campañas de sensibilización y la movilización.

El Índice de Aptitud para uso de la Fuerza Policial (IAUF) intenta establecer en qué medida el agente policial se encuentra apto para desempeñar un trabajo en situaciones que puedan involucrar el uso de la fuerza letal. La Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ) con el auxilio del Laboratorio de Análisis de la Violencia - LAV / UERJ creó este índice con el objetivo de: (i) identificar policías que, por diversos motivos , no estén en condiciones adecuadas para ejercer una función policial que implique la posibilidad del uso de la fuerza, (ii) generar incentivos para la reducción en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza es muy elevado dentro de la PMERJ después de la adopción en décadas pasadas de un modelo de policía inspirado en la "guerra contra el tráfico". Las dimensiones contempladas para IAUF son: (i) aptitud física; (ii) aptitud psicológica; (iii) aptitud técnica; (iv) histórico de uso de la fuerza letal, medido a través del consumo de munición. De esta forma, los policías que superen el umbral de aceptabilidad en el consumo de municiones. Si el policía sobrepasa el umbral, puede ser limitado temporalmente el acceso al arma de fuego y podrá ser reubicado, también temporalmente, en funciones que no prevean el uso de la fuerza. El uso de este índice no tiene ningún propósito disciplinario o punitivo, de forma que su objetivo es, básicamente, proteger a los propios policías y a los ciudadanos de las consecuencias del uso potencialmente inadecuado del uso de la fuerza de fuego.

Campaña para la sensibilización, reducción de los femicidios y la impunidad de estos crímenes. La principal estrategia es la realización de campañas de sencibilizacaión y la movilización.

El objetivo del PETAP es reforzar las competencias profesionales (conocimientos, habilidades y actitudes) derivada del uso de la fuerza policial, con miras al perfeccionamiento de la práctica operacional y la mejora del condicionamiento psicológico, teniendo en vista el desarrollo de mecanismos de control emocional y salud mental. El trabajo se desarrolla en dos etapas: (i) los policías son sometidos a instrumento de evaluación de sufrimiento mental y estimulados a reflexionar a partir de los conceptos del uso comedido de la fuerza policial con interfaces en las áreas de psicología y comunicación social. (ii) esta etapa denominada "Profundización de los Atributos Psicológicos para la Graduación del Uso de la Fuerza", está destinada a la profundización de los atributos desarrollados en la primera etapa. El objetivo es construir un instrumento final para auxiliar en este proceso de implicación subjetiva del policía con su práctica en torno al uso de la fuerza. El objetivo final es moderar el uso de la fuerza por parte delos policías.

Campaña para la sensibilización, reducción de los femicidios y la impunidad de estos crímenes. La principal estrategia es la realización de campañas de sensibilización y la movilización.

El programa barrios seguros forma parte de los ejes estratégicos de Plan Estratégico de Gobierno de Panamá (PEG-2015- 2019) en el bloque de Seguridad ciudadana. El objetivo es la resocialización e inserción social de los participantes mediante la educación, capacitación, apoyo psicológico y económico, generando oportunidades de empleo y teniendo como meta la reducción de los índices de violencia producto de la delincuencia. El programa otorga un bono semanal de 50 dólares a jóvenes que se integran al programa. El programa también incluye acciones de prevención, control y sanción del delito y de la violencia; fortalecimiento institucional; renovación integral del sistema penitenciario, y de protección, atención y seguimiento a las víctimas.

Las finalidades del programa son (i) Proteger a las servidoras y los Servidores públicos, ex servidoras y ex servidores públicos personas particulares y su entorno familiar cercano, que sean susceptibles de sufrir una represalia. (ii) Cumplir las Convenciones Internacionales de Lucha Contra la Corrupción y otros Instrumentos Internacionales. El programa definen varias medidas de protección.

Campaña que busca sensibilizar para reducir los femicidios y la impunidad de estos crímenes.

Los objetivos del programa son: reducir las tasas de crímenes violentos letales intencionales del Distrito Federal (Brasilia), así como los crímenes contra el patrimonio y aumentar la sensación de seguridad de los habitantes a partir de mejorar la evaluación de los servicios y la confianza en las organizaciones de seguridad pública. Para alcanzar los objetivos, el programa se propone mejorar la integración entre los órganos de seguridad pública, aumentar la transparencia de las informaciones criminales, buscar la cooperación del Poder Judicial para responsabilizar a los autores de crímenes y fortalecer políticas sociales en regiones vulnerables. Además, se espera avanzar en la integración no sólo entre las Policías Civil y Militar y los órganos de seguridad, sino también entre ellos y otras áreas del gobierno y la población.

Campaña que busca sensibilizar para reducir los femicidios y la impunidad de estos crímenes.

Las Medidas de Protección previstas en el Programa serán de dos tipos: (i) de asistencia, que tendrán como finalidad acompañar a los sujetos destinatarios del Programa, y (ii) de seguridad, que tendrán como finalidad primordial brindar las condiciones necesarias de seguridad para preservar la vida, la libertad y/o la integridad física de los sujetos comprendidos en la presente Ley. Las medidas de protección serán aplicadas de forma proporcional a: la vulnerabilidad de la Persona Protegida, situación de riesgo, importancia del caso, trascendencia e idoneidad del testimonio, capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa, capacidad del agente generador del riesgo de hacer efectivo el daño, otras circunstancias que justifiquen la medida.

Campaña que busca sensibilizar para reducir los femicidios y la impunidad de estos crímenes.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

El objetivo general es asentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la violencia y el delito, orientada a la participación de la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de las personas a ser víctimas de la violencia. Uno de los objetivos específicos es reducir los homicidios. Como parte de este proceso también se desarrolla la campaña “Cultura 24-0” para una sociedad que aspira lograr 24 horas con cero homicidios; y "Estadios Libres de violencia 90-0”, que promueve la convivencia pacífica dentro y fuera de los estadios de futbol bajo el eslogan “90 minutos de juego cero violencia”.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

Dentro del Plan Estratégico del Gobierno de Honduras existe una estrategia específica vinculada a seguridad y defensa que implica : (i) Elaborar una Política Publica de Seguridad Ciudadana, Paz y Convivencia basada en ejes de integralidad, fortalecimiento institucional, coordinación y cooperación, focalización y uso de tecnologías. (ii) Posicionar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al más alto nivel para la toma de decisiones estratégicas que permita una visión integral en beneficio de la seguridad nacional. (iii) Hacer efectiva la creación de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), en todo el territorio nacional, con el objetivo de vigilar la operatividad de los órganos de seguridad y justicia del país. (iv) Contar con mecanismos integrales de convivencia y seguridad ciudadana que incorpore aspectos sobre prevención, rehabilitación y reinserción social. Con las intervenciones se ha buscado promover la reducción de homicidios de manera sustancial a nivel nacional y local, así como promover mecanismos integrales de convivencia y seguridad ciudadana que incluyan aspectos sobre prevención, rehabilitación y reinserción social. El programa se plantea como meta reducir a la mitad el número de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Campaña para 
sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, con foco en feminicídios.

Reducir los femicidios y la impunidad de estos crímenes

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

El Programa tiene aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves, delincuencia organizada o cuando las disposiciones de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha protección.

El programa tiene una meta de reducción de homicidios. Con este fin sus actividades son el diagnóstico de las áreas con mayor incidencia de homicidios, la acción policial intensa y calificada. A partir de esto se busca promover la permanencia de la policía en esas áreas. La implementación del programa se da a partir de los territorios de paz buscando la planificación e inteligencia en las acciones e intervenciones tácticas, estabilización y acciones sociales.

El programa busca la reducción del crimen a través de la recuperación y creación de espacios públicos. Las acciones realizadas son la recuperación de la Redoma de Petare, a partir de devolverle el orden y la seguridad deseadas, llenar Sucre de verde, a partir de incrementar las áreas verdes por habitante. Así como la adopción de un parque en función de recuperar y mantener los espacios verdes en alianza con el sector privado, instalar una cancha por barrio, y rehabilitar los espacios deportivos y recreativos por todo el Municipio Sucre, hasta lograr dotar a cada sector de una cancha deportiva.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

El método de Cure Violence incluye el accionar de personas “interruptoras de violencia”, que trabajan en las calles mediando en conflictos entre pandillas, e interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas en las disputas entre grupos. El programa tiene como antecedente la disminución de las tasa de delitos violentos en comunidades de Chicago, Estados Unidos, en particular la reducción de enfrentamientos armados y la disminución de muertes violentas. Para alcanzar estos resultados no solo se “interrumpen” los actos violentos, sino también se identifican e intentan cambiar las formas de pensar y actuar de los individuos con mayor potencial criminógeno. También se realizan esfuerzos para generar cambios en las normas de las comunidades conflictivas, para que la reducción de la violencia se sostenga en el tiempo. En esta metodología el equipo de interruptores se encuentra disponible en todo momento para satisfacer las demandas tanto de víctimas como de victimarios, por ejemplo, en cuanto a posibilidades de encontrar un trabajo, de reinsertarse en la escuela, o de dejar de ser miembros de pandillas. En general los pasos implementados son: (i) determinar si la comunidad es apropiada (alto nivel de violencia), (ii) involucrar a los líderes de las comunidades, (iii) identificar socios comunitarios apropiados, (iv) identificar los socios apropiados en caso de respuesta hospitalaria, (v) reexaminar los datos, (vi) contratar mensajeros creíbles, (vii).capacitar a los trabajadores y recibir asistencia técnica.

Campaña de sensibilización para disminuir los homicidios en el país y contribuir a la paz ciudadana. Se basa en la difusión de mensajes en unidades de transporte público a través de calcomanías con textos y fotografías colocadas en lugares visibles de los vehículos, con el propósito de intentar disminuir los homicidios en el país y contribuir a la paz ciudadana. La primera etapa de esta campaña se llevó a cabo, de manera simultánea, en las ciudades de Caracas –municipios Libertador, Chacao y Sucre-, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Cumaná y Nueva Esparta. Posterior a esta campaña de piezas gráficas, en septiembre de 2012 el OVV y el LACSO sacaron al aire un video en YouTube, enmarcado en la iniciativa de sensibilización para la valoración de la vida en Venezuela.

La función del programa es brindar protección –a través de medidas de asistencia y seguridad– al testigo, víctima testigo, colaborador de justicia y otros sujetos que, por su intervención en un proceso penal que adelante el Ministerio Público, se encuentren en situación de riesgo o peligro – extremo o extraordinario– de sufrir menoscabo en sus bienes jurídicos fundamentales, en miras a garantizar su participación eficaz en el proceso penal. Interviene en todo el territorio de Paraguay, dando prioridad especial a los casos penales relacionados con el crimen organizado. Se ha establecido como política de protección a testigos, la división en dos frentes (i) situaciones de riesgo ordinario: el agente fiscal es responsable de impulsar la aplicación de medidas de protección, conforme al Instructivo F.G.E. N.° 7/14, y (ii) situaciones de riesgo o peligro extremo o extraordinario: la Dirección del Programa de Protección a Testigos es responsable de impulsar la aplicación de medidas de protección, conforme a la ley. Específicamente las medidas de protección son: (i) Medidas de Asistencia: Tienen como finalidad atender, contener y asistir a los sujetos de protección incorporados al Programa (jurídicas, psicológicas, sociales, médicas o sanitarias). (ii) Medidas de Seguridad: Tienen como finalidad preservar la vida, la integridad física y la libertad de los sujetos de protección incorporados al Programa.

De acuerdo con el comportamiento general del delito del homicidio a nivel nacional, la Policía Nacional determina algunas estrategias y mecanismos de control que permitan contrarrestar los índices de violencia criminal, especialmente en lo que respecta al homicidio y lograr una disminución significativa que contribuya a mejorar los niveles de percepción y sensación de seguridad. Algunas de las acciones con foco en la reducción de los homicidio son: (i) direccionar, controlar y consolidar mensualmente los resultados obtenidos en la ejecución del plan desarme generalizado en todo el departamento, para disminuir la intencionalidad de cometer hechos punibles que atenten contra la vida, (ii) incrementar en forma mensual, la aplicación del Código Nacional de Policía para el debido control de establecimientos donde se expendan bebidas embriagantes, (iii) proponer la aplicación de la hora zanahoria a nivel departamento, (iv) Incrementar la actividad mensual operativa tendiente a la incautación de armas blancas y de fuego, (v) controlar el parrillero en motocicletas de alto cilindraje para prevenir el sicariato.

Campaña para la sensibilización, reducción de los femicidios y la impunidad de estos crímenes. La principal estrategia es la realización de campañas de sensibilización y la movilización.

Barrio Seguro es un proyecto de intervención en áreas urbanas críticas en términos de violencia e inseguridad. El objetivo directo es la reducción de la criminalidad violenta y de la percepción de inseguridad. El objetivo más amplio es la inclusión social de estas poblaciones, que podría ser considerada, a la vez, como causa y consecuencia de este restablecimiento de la seguridad. En este sentido, ‘Barrio Seguro’ se aleja de los abordajes exclusivamente represivos, a los que pretende contraponer una visión integral y preventiva. Los ejes de la intervención son básicamente tres: 1. Un cambio en la intensidad y el tipo de la presencia policial en los barrios, 2. La oferta de proyectos sociales por parte de las instituciones públicas para mejorar la inserción social de los habitantes, particularmente de los jóvenes, de forma que les permita recuperar la noción de ciudadanía. 3. Un carácter participativo, que comienza en la creación de redes comunitarias para tener un interlocutor en los barrios que ayude a identificar las necesidades básicas y sea co-protagonista de la ejecución de los proyectos. Para ello, es necesario crear al mismo tiempo una articulación con un gran número de instituciones públicas, responsables por los proyectos de cada área.

El objetivo principal del programa es reducir los índices de violencia, con énfasis en la disminución de los crímenes contra la vida y contra el patrimonio, incrementar la captación de recursos, refinar las competencias de los colaboradores y garantizar la satisfacción y la motivación de los colaboradores. Asimismo e programa busca contribuir decisivamente a la aplicación de la ley penal y defensa social, desmotivar la práctica delictiva, restaurar la sensación de seguridad, mejorar la prevención y la represión de la violencia. Las acciones son enfocadas en la acción de policía comunitaria en áreas prioritarias, en modernizar e innovar métodos de atención, desmotivar la práctica delictiva y restaurar la sensación de seguridad, mejorar la prevención y la represión de la violencia.

El programa trabaja con pandillas para reducir la violencia entre ellos y crear oportunidades para alentar a los miembros a dejar de participar en actividades delictivas. Trabaja con oficiales que actúan como" interruptores de violencia "cuando ocurre un acto de violencia en un esfuerzo por evitar actos posteriores de venganza. Estos oficiales algunas veces también sirven como administradores intensivos de casos. El programa también busca fortalecer las capacidades institucionales de los programas de rehabilitación y las instituciones que brindan servicios de rehabilitación integrales a adolescentes y jóvenes (tanto dentro como fuera del sistema de justicia juvenil) .

La presente Ordenanza tienen por objeto establecer el nuevo régimen municipal que regula las disposiciones pertinentes en torno a la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación, así como el horario para su venta o expendio dentro de la jurisdicción del Cercado de Lima y con alcance metropolitano de acuerdo con lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la presenta Ordenanza; a efectos de prevenir y minimizar los daños que producen a la salud integral del ser humano, priorizando la protección a los menores de edad. La Ordenanza regula: (i) las modalidades y horarios de venta, (ii) las autorizaciones, (iii) publicidad, (iv) las prohibiciones, (v) las inspecciones, infracciones y sanciones, (vi) los programas preventivos.

Algunos de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se refieren a la seguridad. Particularmente, el Objetivo 6 busca consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Entre sus metas se incluye la reducción de los homicidios: (i) reducir la tasa de homicidios a 8 muertes por cada 100 000 habitantes, (ii) reducir el porcentaje de homicidios por armas de fuego a 50%, (iii) reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2 muertes por cada 100.000.

Promover la formulación y ejecución de políticas públicas eficaces, integradas, sostenibles, basadas en evidencias, sobre las lesiones intencionales y no intencionales y promover la conformación de equipos interinstitucionales para desarrollar intervenciones, que tienden a la disminución de la morbimortalidad por lesiones intencionales y no intencionales. Por medio de la presente Ordenanza “Se regula la comercialización, venta, suministro gratuito, o a cualquier título, de bebidas alcohólicas, así como el horario nocturno de los locales de venta o suministro; se amplían las disposiciones de la ordenanza de tránsito, estableciéndose las sanciones por conducir intoxicado con alcohol en la ciudad de Asunción y se crea el fondo para la educación y prevención de la violencia y la convivencia ciudadana”.

El propósito de este programa es supervisar los procedimientos administrativos y operativos empleados en sucesos en que policías hicieron uso de arma de fuego y que tuvieron como resultado muerte de no policías. El ECOAR analiza cada caso con el propósito de identificar el comportamiento de los policías en relación a los parámetros institucionales. El procedimiento desarrollado por la Comisión de Estudio de Caso consiste en entrevistar inmediatamente posterior al evento a los policías involucrados. También se usan algunos recursos para aumentar la comprensión del encuentro, como el Google Street View que proyectaba el recorrido hecho por los policías hasta la escena del crimen; y el diseño de la escena del crimen hecha por ellos en un cuadro blanco. Al final, la Comisión decide por la permanencia o no de los policías militares en el programa para participar en entrenamiento. Este período podía variar de 10 a 60 días.

El programa CSJP tiene cuatro componentes principales (i) fortalecer las estructuras de gobernanza comunitaria, (ii) mejorar las oportunidades económicas, (iii) proporcionar servicios de justicia restaurativa y prevención de la violencia, y (iv) llevar a cabo campañas de sensibilización pública y movilización comunitaria. Entre sus indicadores de impacto se incluyen los siguientes: promedio de reducción de un 10% de asesinatos y disparos en las 50 comunidades objetivo para 2014, aumento de 15 puntos porcentuales de los ciudadanos en las comunidades objetivo que están satisfechos con la prestación de servicios del gobierno.

Este servicio coordina varios programas donde interviene el Estado, la sociedad civil y organismos internacionales para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres. Entre las acciones realizadas en los últimos años en el área de violencia se destacan: (i) Campaña comunicacional de prevención de la violencia intrafamiliar “Maricón es el que maltrata a una mujer”, lanzada durante noviembre de 2010. (ii) Creación durante 2010 del Programa Chile Acoge, cuyos ámbitos de acción son la atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, la reeducación de hombres que ejercen violencia, la prevención de la violencia en todas sus formas, la capacitación a los actores claves y la coordinación intersectorial para el adecuado abordaje de esta problemática. Los principales logros del programa a la fecha son: implementación del Programa de Alerta Temprana en Violencia Intrafamiliar (VIF) y la educación en el buen trato en los jardines infantiles. Desde su implementación en 2010, 78 mil 296 mujeres víctimas de VIF han recibido atención en los 94 Centros de la Mujer a nivel nacional. Desde el 2010 a la fecha, se ha brindado protección a tres mil 117 mujeres y tres mil 249 niños en las 23 casas de acogida a nivel nacional. Otra medida fue la implementación del Fono Ayuda Violencia 24/7 en alianza con carabineros para víctimas y testigos de violencia intrafamiliar, lo que incentiva denunciar.

El programa aspira a comprar la mayor cantidad de armas y municiones a través de una inversión mínima de $200,000.00 en bonos aportados por el sector privado, con apoyo del gobierno. Todos los que tengan un arma legal o ilegal en su poder, pueden venderla sin mayor problema ya que no se les hará ningún tipo de preguntas y no se cuestionara la procedencia de las mismas. Tampoco es necesario que el vendedor se identifique.

Esta iniciativa costa de dos componentes esenciales: el fortalecimiento institucional y el programa de seguridad ciudadana. A efectos de planificación, y teniendo en cuenta estándares de medición internacional en materia de seguridad ciudadana, la Estrategia plantea que al año 2016 se debe producir una reducción de los niveles de violencia y delito en el país. Esta baja ha sido estimada para el caso de los homicidios en una reducción del 15% de la tasa cada 100 mil habitantes. Asimismo se apunta a trabajar, a partir de la formalización y fortalecimiento de los registros administrativos (denuncias), en la reducción de un porcentaje similar, de lesiones, hurtos, robos, y hurto y robo de automotores, respecto a la situación del año 2013.

El objetivo central del proyecto, que aparece tanto en los documentos oficiales como en el discurso de los entrevistados, es la "reconstrucción del tejido social", que habría sido destruido por la violencia, a través de una reducción de los crímenes y las conductas violentas. Aunque la intervención no estuviera dirigida única ni exclusivamente a los homicidios, todos los actores consideraban la reducción de los homicidios como la primera meta, tanto por su importancia en sí como por su vinculación con otros delitos. La disminución de la violencia debería suceder a través de dos caminos. Por un lado, la recuperación de los espacios públicos y la mejora de las condiciones de vida, esto es, prevención social y situacional. Por otro, la mejora del funcionamiento del sistema de justicia criminal.

El objetivo del programa es brindar protección efectiva a las víctimas y testigos, y a los familiares que en su caso así lo requieran, dentro del proceso penal, cuando ameriten, por causas comprobables, dicha protección a través del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. La protección de víctimas y testigos a que se refiere esta resolución solo se proveerá en casos de Narcotráfico o Criminalidad Compleja. También podrán considerarse, previo estudio y verificación, aquellos casos de crímenes horrendos que hayan tenido gran impacto en la sociedad.

La Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana está estructurada en seis grandes ejes: (i) Información; (ii) Prevención Social y Situacional; (iii) Control y Sanción del Delito; (iv) Reinserción social y Rehabilitación; (v) Atención a las víctimas; (vi) Gestión Institucional. A partir de estos ejes la presente Estrategia ha desarrollado múltiples programas concretos para enfrentar el delito y la violencia en Paraguay. A efectos de planificación, y teniendo en cuenta estándares de medición internacional en materia de seguridad ciudadana, la Estrategia plantea que al año 2016 se debe producir una reducción de los niveles de violencia y delito en el país. Esta baja ha sido estimada para el caso de los homicidios en una reducción del 15% de la tasa cada 100 mil habitantes. Asimismo se apunta a trabajar, a partir de la formalización y fortalecimiento de los registros administrativos (denuncias), en la reducción de un porcentaje similar, de lesiones, hurtos, robos, y hurto y robo de automotores, respecto a la situación del año 2013.

El objetivo es ofrecer a las victimas y testigos alternativas de protección procesal y extraprocesal en aquellos casos en los que se requiera, como consecuencia de la participación procesal de tales sujetos, con lo que no sólo se procura salvaguardar la integridad y la vida de los sujetos intervinientes en el proceso penal, sino, que además, se procura disminuir la impunidad, en especial el fenómeno de la criminalidad organizada. Las medidas de protección pueden ser procesales o extraprocesales. Las medidas de protección procesal se aplican cuando represente un riesgo para su vida, su integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. En este caso la víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de su identificación y a mantener reserva de sus características físicas. Para asegurar el testimonio de la persona y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles. En la protección extraprocesal, la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso de riesgos o amenazas graves contra su vida o su integridad física, la de sus familiares u otras personas. La oficina de atención a la víctima del delito del ministerio público, coordinará con todas las fiscalías del país la protección de las víctimas y, previo requerimiento del fiscal, canalizará, por su medio, la información necesaria parasustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) asumieran el desafío profesional de dar atención a las mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica y/o a las familiares de las mujeres que no lograron hacerlo. Estos centros también identifican casos de mujeres afectadas por hechos de violencia familiar, que aunque no generaron evidencias para ser considerados como lesiones graves o tentativas de homicidios, tienen todos los elementos de riesgo que pueden llevar a un homicidio. Para la prevención del feminicidio se utiliza, entre otra cosas, una escala de riesgo que comprende tres ejes: agresor, víctima y relación entre ambos. El resultado de la evaluación se expresa en una escala que clasifica al caso como leve, moderado o severo.

El objetivo del Programa es contribuir a promover el desarrollo humano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a través de la prevención de la violencia y el fomento de seguridad y convivencia ciudadana, con la participación activa y protagónica de los y las jóvenes y mujeres. Las iniciativas a nivel local se focalizan en 16 comunidades con altos niveles de vulnerabilidad social y de inseguridad, específicamente en los distritos V y VI de San Salvador. Se llevan a cabo acciones para fortalecer a las instancias municipales, fortalecer el tejido social y prevenir la violencia, promover una cultura ciudadana, incrementar las oportunidades educativas, laborales, de desarrollo y participación de los/as jóvenes y promover la coordinación interinstitucional. Una de las metas del programa, producto 4.1, es que sólo el 68% de los homicidios sean cometidos con armas de fuego.

Los objetivos generales del gobierno de los Estados Unidos a través del programa CARSI incluyen: (i) La interrupción de la circulación de los delincuentes y del contrabando dentro de las naciones de América Central y entre ellas; (ii) Apoyar el desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y responsables; (iii) El restablecimiento de la presencia efectiva del Estado, de servicios y seguridad en las comunidades en situación de riesgo; y (iv) El fomento de mayores niveles de coordinación y cooperación entre las naciones de la región, otros socios internacionales y donantes para combatir las amenazas de seguridad regional. Este paquete de intervenciones – es decir, el “tratamiento” – incluye actividades como la planificación de los comités a nivel municipal; observatorios de delincuencia y recolección de datos; prevención de la delincuencia a través de un diseño ambiental (tales como una mejora en el alumbrado público, borrado de grafitis, limpieza de espacios públicos); programas para los jóvenes en situación de riesgo (tales como centros de alcance, capacitación profesional, programas de mentores); y policía comunitaria. Los proyectos de prevención de la delincuencia de USAID basados en la comunidad son intrínsecamente intersectoriales. Es decir, integran intervenciones en educación y capacitación profesional, desarrollo económico y empleo, salud pública y gobernanza.

Conjunto de medidas (campañas, normativas, fiscalizaciones, etc.) orientadas a disminuir y controlar el uso de armas de fuego.

El modelo general de atención de usuarios de la Fiscalía de Chile permite la generación de líneas especializadas de intervención con procedimientos específicos en todas las fiscalías regionales del país, para aquellas víctimas que por su condición, naturaleza del delito, u otra situación requieren de una atención y protección especializada, como es el caso de las víctimas de violencia intrafamiliar, menores de edad víctimas de delitos sexuales y casos complejos de protección. Este modelo, actualmente implementado en todo el país, tiene por objeto orientar a víctimas y testigos que concurren a la Fiscalía, mediante la entrega de información, en concordancia con la etapa del proceso penal en que se encuentran; protegerlos, en función de los resultados de evaluaciones de intimidación y/o riesgo; y, apoyarlos durante el proceso penal y, especialmente, en su participación en Juicio Oral.

El programa de Escuelas Abiertas identifica que los jóvenes son los principales víctimas y victimarios de homicidios en el país, a partir de ello busca ofrecer un espacio alternativo diseñado para contener a los niños y jóvenes los fines de semana en actividades que promuevan la solidaridad, la identidad y la pertenencia. El programa fue creado para brindarles un espacio alternativo a la educación tradicional a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en situación de riesgo por medio del desarrollo de sus capacidades en actividades culturales, deportivas, artísticas y comunitarias. La operativa del programa consistió en abrir las puertas de las escuelas los fines de semana a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no escolarizados para alejarlos de las estructuras criminales y las pandillas juveniles. En una primera fase se realizaron encuestas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pre mapeos, mapeos y se coordinó con las redes comunitarias. En una segunda fase se elaboró el diseño de los talleres y se capacitó a los coordinadores de escuelas y talleristas seleccionados previamente. Se realizó remozamiento de las escuelas en infraestructura deportiva y aulas especializadas y se facilitó el material utilizado en los distintos talleres.

Los objetivos generales del gobierno de los Estados Unidos a través del programa CARSI incluyen: (i) La interrupción de la circulación de los delincuentes y del contrabando dentro de las naciones de América Central y entre ellas; (ii) Apoyar el desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y responsables; (iii) El restablecimiento de la presencia efectiva del Estado, de servicios y seguridad en las comunidades en situación de riesgo; y (iv) El fomento de mayores niveles de coordinación y cooperación entre las naciones de la región, otros socios internacionales y donantes para combatir las amenazas de seguridad regional. Este paquete de intervenciones – es decir, el “tratamiento” – incluye actividades como la planificación de los comités a nivel municipal; observatorios de delincuencia y recolección de datos; prevención de la delincuencia a través de un diseño ambiental (tales como una mejora en el alumbrado público, borrado de grafitis, limpieza de espacios públicos); programas para los jóvenes en situación de riesgo (tales como centros de alcance, capacitación profesional, programas de mentores); y policía comunitaria. Los proyectos de prevención de la delincuencia de USAID basados en la comunidad son intrínsecamente intersectoriales. Es decir, integran intervenciones en educación y capacitación profesional, desarrollo económico y empleo, salud pública y gobernanza.

El 8 de marzo de 2012, jefes de las dos principales pandillas que operan en El Salvador, MS-13 y Barrio 18, establecieron una tregua en la que acordaron un cese de hostilidades entre ambas, comprometiéndose a reducir el número de homicidios. A cambio de ello, solicitaron la garantía de derechos y la mejora en las condiciones generales en que se encontraban aquellos de sus miembros en privación de libertad. La tregua se ha mantenido desde los centros penales, con la participación de los máximos líderes de las pandillas que se encuentran recluidos. En este escenario, las pandillas hicieron un pacto de no agresión entre sí (lo cual incluía que no buscarían la ampliación de sus territorios de operación) y acordaron no agredir a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (policías y miembros de las Fuerzas Armadas), ni a guardias del Sistema Penitenciario.

El programa busca conformar y concretar alianzas interinstitucionales para fijar normas respecto a la vinculación de distintos actores sociales en conductas, actitudes y prácticas de consumo asociadas a los homicidios a nivel local. El programa interviene en practicas tales como el control del consumo del alcohol, regulación del horario de centros nocturnos, jornadas de desarme, administración del espacio público y campañas de comunicación orientadas a la promoción de valores cívicos y morales. Busca también promover y fortalecer mecanismos, entidades y programas de resolución pacífica de conflictos tales como casas de justicia, centros de conciliación, el programa de jueces de paz y la mediación de las iglesias y de sus líderes espirituales en conflictos sociales que dificultan un entorno de paz y bienestar colectivo. También se enfoca en la promoción de la participación de entidades públicas y privadas en proponer alternativas económicas sostenibles y viables que permitan la generación de plazas o cupos laborales, el desarrollo de proyectos de competitividad regional, el uso asertivo y la inclusión de la tecnología, entre otros aspectos sociales.

La Campaña de la Red Chilena contra la Violencia busca visibilizar las diversas expresiones de violencia que viven las mujeres y así contribuir a erradicarlas. Específicamente la campaña, consiste en la transmisión de mensajes para llevar los problemas de violencia más allá del vínculo intrafamiliar y permitir que la sociedad entera se involucre en el problema.

Los objetivos generales del gobierno de los Estados Unidos a través del programa CARSI incluyen: (i) La interrupción de la circulación de los delincuentes y del contrabando dentro de las naciones de América Central y entre ellas; (ii) Apoyar el desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y responsables; (iii) El restablecimiento de la presencia efectiva del Estado, de servicios y seguridad en las comunidades en situación de riesgo; y (iv) El fomento de mayores niveles de coordinación y cooperación entre las naciones de la región, otros socios internacionales y donantes para combatir las amenazas de seguridad regional. Este paquete de intervenciones – es decir, el “tratamiento” – incluye actividades como la planificación de los comités a nivel municipal; observatorios de delincuencia y recolección de datos; prevención de la delincuencia a través de un diseño ambiental (tales como una mejora en el alumbrado público, borrado de grafitis, limpieza de espacios públicos); programas para los jóvenes en situación de riesgo (tales como centros de alcance, capacitación profesional, programas de mentores); y policía comunitaria. Los proyectos de prevención de la delincuencia de USAID basados en la comunidad son intrínsecamente intersectoriales. Es decir, integran intervenciones en educación y capacitación profesional, desarrollo económico y empleo, salud pública y gobernanza.

Los objetivos generales del gobierno de los Estados Unidos a través del programa CARSI incluyen: (i) La interrupción de la circulación de los delincuentes y del contrabando dentro de las naciones de América Central y entre ellas; (ii) Apoyar el desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y responsables; (iii) El restablecimiento de la presencia efectiva del Estado, de servicios y seguridad en las comunidades en situación de riesgo; y (iv) El fomento de mayores niveles de coordinación y cooperación entre las naciones de la región, otros socios internacionales y donantes para combatir las amenazas de seguridad regional. Este paquete de intervenciones – es decir, el “tratamiento” – incluye actividades como la planificación de los comités a nivel municipal; observatorios de delincuencia y recolección de datos; prevención de la delincuencia a través de un diseño ambiental (tales como una mejora en el alumbrado público, borrado de grafitis, limpieza de espacios públicos); programas para los jóvenes en situación de riesgo (tales como centros de alcance, capacitación profesional, programas de mentores); y policía comunitaria. Los proyectos de prevención de la delincuencia de USAID basados en la comunidad son intrínsecamente intersectoriales. Es decir, integran intervenciones en educación y capacitación profesional, desarrollo económico y empleo, salud pública y gobernanza.

El objetivo del proyecto es realizar una experiencia piloto municipal cuya meta central es la reducción de la violencia armada. Por su parte, la disminución de la violencia armada debería mejorar el desarrollo humano, lo que conecta dentro de la línea doctrinal del PNUD de vincular programas de desarrollo y de desarme. La iniciativa principal del proyecto es la limitación local de la portación de armas, acompañada de otras medidas relacionadas. De forma resumida, el Programa se articula en torno de 6 ejes de intervención: (i) Prohibición de la portación de armas en los espacios públicos, a través de una ordenanza municipal (multas, decomisos) (ii) Aumento de la fiscalización policial para garantizar el cumplimiento de la prohibición de la portación y de las matrículas vencidas. (iii) Campaña de divulgación sobre la normativa y sobre los peligros de las armas: medios de comunicación masiva y acciones comunitarias, culturales, artísticas y deportivas. (iv) Recolección de armas entregadas voluntariamente. (v) Investigación evaluativa sobre el impacto del proyecto.(vi) Análisis de las experiencias municipales como un insumo para el debate sobre la legislación nacional.

El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos tiene por finalidad establecer y ejecutar las medidas asistenciales consistentes en servicios médicos, psicológicos, sociales y legales que brinda el Ministerio Público a las victimas y testigos relacionados con todo tipo de investigaciones y procesos penales, previniendo que sus testimonios no sufran interferencias por factores de riesgo ajenos a su voluntad. Conforme aparece en el “Reglamento de Medidas de Protección de Colaboradores, Víctimas, Testigos y Peritos, las medidas de protección que pueden adoptarse son las referidas a la: protección policial; reserva de la identidad del protegido en las diligencias en que intervenga; intervención del protegido en las diligencias; utilización de procedimientos, mecánicos o tecnológicos; fijar, como domicilio, la sede de la Fiscalía competente; facilitación de documentos que contengan una nueva identidad; ubicación del colaborador; y, protección de los derechos laborales.

El programa tiene seis líneas de acción: (i) represión cualificada, (ii) mejora institucional, (iii) información y gestión del conocimiento, (iv) formación y capacitación, (v) prevención social del crimen y de la violencia, y (vi) gestión democrática. El programa fue asumido como un programa de seguridad pública en el Estado de Pernambuco, y a partir de este se establecieron los principales valores que orientaron la construcción de la política de seguridad. Estos valores son: articulación entre seguridad pública y derechos humanos, compatibilización de la represión calificada con la prevención específica del crimen y la incorporación en todos los niveles de la política de seguridad de mecanismos de gestión, monitoreo y evaluación, participación y control social desde la formulación de las estrategias a la ejecución de la política, la prioridad de la lucha contra los crímenes violentos letales intencionales y la meta de reducir en un 12% en el año de aplicación la tasa de estos crímenes en Pernambuco.

El programa propone mecanismos de tutela a la integridad física y demás aspectos a quiénes brinden información en los procesos penales, y con particularidad una relación directa con los fiscales y demás miembros del cuerpo de operación, el mismo se extenderá a los colateralmente afectados, así como también obliga a la participación y colaboración para la ejecución de mecanismos de protección a todas las autoridades públicas que deban participar de las actividades que implíque las asistencias a testigos en procesos penales. El procedimiento para materializar la atención del Programa es el siguiente: (i) Presentación de la solicitud de la Fiscalía que conoce de la investigación y que estima la procedencia de aplicación de mecanismos de seguridad a favor del testigo o persona(s) colateralmente afectadas. (ii) Ponderación de los factores de riesgo expuestos en cada caso, apertura de expediente, designación de clave reservada. (iii) Entrevista con la víctima o testigo, o colaterales afectados, a fin de determinar uno de los aspectos que conforman el denominado Perfil de Riesgo. (iv) Análisis de campo, en cuanto a las circunstancias de orígenes de riesgo en proporcionalidad de los mecanismos idóneamente a proporcionar. (v) La adopción de mecanismos de seguridad, entre ellos el alejamiento de sitios de riesgo, reubicación, del testigo o víctima dentro o fuera del país. (vi) Monitoreo periódico y seguimiento de los mecanismos de seguridad implementados. (vii) Suspensión, modificación o cancelación de los mecanismos de protección, ya sea por incumplimiento de términos o por voluntad de la víctima o testigo. (viii) (ix) Petición de ampliación del término de asistencia por lapsos superior a los seis meses en casos procedentes ante el Fiscal General. (Rendición de informes periódicos a la Fiscalía General, las Fiscalías o Unidades Especiales. (x) Coordinación interinstitucional, cruce de información no reservada con otros operadores institucionales.

Se trata de una experiencia emprendida por un grupo de madres de un barrio de Caracas (Catuche) para lograr acuerdos de convivencia con jóvenes. Consiste en instancias preventivas y reguladoras del conflicto armado entre dos sectores. Funcionan como redes de solidaridad entre mujeres y redes de contención frente a varones armados que, activando todos los recursos disponibles y en función de un pacto de convivencia establecido, movilizan estrategias de control individual y colectivo. Su misión es resguardar la convivencia pacífica en la comunidad, de modo de preservar la vida, la integridad física de sus hijos y familiares, y garantizar la potestad de circular por el vecindario. Específicamente, el pacto de cese al fuego constituye una serie de acuerdos comunitarios que garantizan el compromiso de todas las partes con la convivencia. Se trata de un acuerdo explícito, con detalles, delimitaciones de fronteras y acciones; consiste en comprometer a los muchachos a no desafiarse; a cesar el juego de provocaciones que disparan los enfrentamientos para así poder establecer el cese al fuego. Lo discutido y los acuerdos a los cuales se llega en las comisiones deben ser asentados en un acta de la Asamblea o reunión comunitaria convocada, donde las partes involucradas deben firmar su compromiso de adherirse a los acuerdos.

El programa prevé el procedimiento para el resguardo de afectados y se inicia una vez que un ciudadano, que se siente amenazado, solicita medidas de protección ante cualquiera de las 24 unidades de Atención a la Víctima a escala nacional, o al fiscal del MP que lleva su caso. La solicitud se lleva ante un Tribunal de Control, el cual acuerda las medidas. En casos de urgencia, cuando la vida de la persona se vea amenazada, los fiscales superiores están facultados para acordar medidas transitorias, que tienen vigencia inmediata; pero deben ser presentadas ante la mencionada instancia judicial en un lapso de 24 horas. El control del cumplimiento de las medidas le corresponde al tribunal; entre ellas se destaca la custodia personal o residencial por parte de funcionarios policiales. El trabajo de protección efectuado por los cuerpos de seguridad es monitoreado mediante un control escrito sobre las horas y sitios donde se realiza el acompañamiento a las víctimas.

El objeto es regular las medidas de protección y atención que se proporcionan a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentra en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o de un proceso judicial. Las medidas de protección son de tres tipos: (i) Ordinarias, son acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas. (ii) Extraordinarias, se trata de acciones que brindan seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo, por ejemplo, brindar seguridad policial o proporcionar residencia temporal.

Programa para la provisión de protección a testigos, victimas y servidores públicos participantes en procesos de justicia. El programa realiza evaluaciones de los candidatos participantes para integrarse al programa, estipulando el riesgo que sufre. La participación en el programa implica diferentes medidas para alejar a las victimas o testigos de las situaciones de riesgo de vida

El plan nacional de vigilancia por cuadrantes busca la optimización del servicio policial, mediante la asignación de responsabilidades concretas a los policías que prestan su servicio en un territorio pequeño, denominado cuadrante. Los Objetivos específicos son: (i) Obtener efectividad e impacto en la lucha contra la delincuencia para generar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos y libertades públicas. (ii). Generar un servicio de policía integral en el cuadrante, fortaleciendo la coordinacióninteragencial, el trabajo en equipo y la solución de motivos de policía.(iii) Valorar y potenciar el servicio del policía polivalente en la calle. (iv). Fortalecer las relaciones y construir confianza con los ciudadanos, con el propósito de que cuenten con un policía más cercano, transparente y comprometido en su servicio.

Este programa busca disminuir la incidencia de accidentes con armas de fuego por medio de la capacitación de niños sobre los peligros y consecuencias que traen las mismas, y promover las escuelas como espacios de paz libres de armas y capacitar a los niños, niñas y docentes sobre los protocolos a seguir en caso de encontrar un arma en el centro educativo o el hogar. El Programa Escuelas Libres de Armas busca sensibilizar sobre la importancia de resolver nuestros conflictos de manera pacífica y de disminuir el efecto negativo que tienen ahora los programas televisivos y videojuegos en la percepción de la realidad del niño o niña. La idea es que todos los centros educativos incorporen medidas preventivas, como el revisar los bultos de los jóvenes antes de ingresar a la institución.

El programa trabaja en cuatro comunidades muy violentas de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El objetivo de Paz y Justicia es combatir la impunidad de los crímenes violentos (Homicidio, tentativa de homicidio y extorsión que termina en homicidio) ocurridos en estas comunidades. El programa interviene en tres áreas: Investigativa, legal y psicológica, y funciona como puente entre la comunidad y los actores de justicia (policía de investigación, fiscalía y los juzgados). El eje de investigación, apoya a operadores de justicia en procesos de investigación y documentación (identificación de las víctimas, entrevistas con testigos, recopilación de antecedentes de los victimarios, traslado de información a la DNIC y al Ministerio Público, traslado de testigos, etc.). El eje legal tiene como objetivo apoyar a operadores de justicia conectándolos con la comunidad y la información a través de una red de colaboradores, explicando todos los pasos y procesos legales a los familiares de la víctima y testigos del hecho violento, asesoría técnica y ayuda con el traslado de testigos al juicio. Por último, el eje psicológico se orienta al cuidado social, psicológico y emocional para sobrevivientes de la violencia, víctimas de violencia especialmente delitos contra la vida y sus familiares.

El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo. El Programa funciona siempre a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, luego del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público. Es condición inexcusable para el ingreso al Programa la aceptación de la protección por parte del beneficiario, ya que las medidas de protección en muchos casos imponen restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además, como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación al derecho a la intimidad. Las medidas de protección pueden ser, entre otras: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto. Las obligaciones a que debe someterse el beneficiario tienen que ver con el éxito de las medidas de protección. Estas tienden básicamente a que el testigo no sea ubicado para evitar que el riesgo se convierta en realidad. Para esto se le impone mantener reserva sobre su condición de protegido, mantenerse dentro de los límites de las medidas de protección, mantenerse alejado de la zona de riesgo, respetar las instrucciones que al efecto se le impartan y no cometer delitos o contravenciones.

El PPCAAM tiene por objetivo preservar la vida de los niños y adolescentes amenazados de muerte, con énfasis en la protección integral y en la convivencia familiar. El programa es ejecutado en diferentes estados, a través del convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, los Gobiernos Estatales y Organizaciones No Gubernamentales. El Programa actúa en dos niveles: (i) Atención directa a los amenazados y sus familias, retirándolos del lugar de la amenaza e insertándolos en nuevos espacios de vivienda y convivencia. Por medio de esta medida, se procura ofrecer oportunidades a los protegidos, tanto en lo que se refiere al acompañamiento escolar, como en la inserción en proyectos culturales y profesionalizantes, entre otros. (ii) Prevención por medio de estudios e investigaciones, así como en el apoyo a proyectos de intervención con adolescentes en situación de vulnerabilidad. La protección ofrecida por el PPCAAM tiene una duración máxima de un año, pudiendo ser prorrogada, si perduran los motivos que la autorizaron.

Con el objetivo contrarrestar la violencia que se asocia con las armas de fuego varios proyectos fueron puestos en práctica en Bogotá y Cali para controlar el uso de estas armas. Este programa se basa en el acceso concesional y restringido a las armas de fuego por parte de los particulares e implica restricciones temporales a los permisos de porte de armas de fuego. En particular, el programa prohíbe el porte de armas algunos finales de semana evaluados como de alto riesgo, con la meta de disminuir los homicidios por armas de fuego.

Las acciones de este programa se articulan sobre tres ejes estratégicos: (i) Procuración de Justicia y prevención del delito, a partir de mayor patrullaje, inversiones en actividades de integración social, creación de una oficina de fiscalía mixta para la investigación de homicidios de mujeres, instrumentación de medidas de protección a víctimas y familiares con el fin de garantizar la seguridad e integridad de las personas involucradas en las investigaciones, entre otras medidas. (ii) Promoción social, a través de promover la mejora de las condiciones de vida en zonas urbanas marginadas, mejoramiento de condiciones urbanas, el fortalecimiento del tejido social y el apoyo a mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad, entre otras medidas. (iii) Derechos humanos de la mujer, en este eje se procura dar continuidad a los espacios de diálogo y colaboración interinstitucional e impulso al desarrollo de programas elaborados por organizaciones de la sociedad civil orientados al logro de la equidad de género.

El programa busca desarrollar las capacidades asociativas de la población, integrando a las redes comunitarias en la resolución sostenible de los problemas de inseguridad. La misión del Proyecto Alcatraz es transformar el liderazgo violento de los delincuentes juveniles en un programa de liderazgo comunitario virtuoso a través de la Fundación Santa Teresa. Bajo el lema Delincuencia Cero, los miembros del proyecto participan en programas que combinan el trabajo comunitario, la formación en valores cívicos, la formación profesional, la asistencia psicológica y el rugby. Uno de los componentes más importantes del proyecto es la práctica regular de rugby como forma de prevenir el crimen y el consumo de drogas en el Municipio de Revenga. Este deporte de contacto, ayuda a canalizar la energía a través de acciones positivas que benefician tanto a los participantes como a la comunidad. Esta práctica también contribuye a promover el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia entre esos jóvenes. Una vez que han completado de manera satisfactoria su formación, los graduados en el programa pueden elegir un trabajo dentro de la empresa, trabajar con otras empresas aliadas o bien continuar su formación con el Proyecto Alcatraz. Los objetivos del programa son: (i) reducir la tasa de homicidios del municipio, (ii) desarrollar las capacidades asociativas de la población, integrando a las redes comunitarias en la resolución sostenible de los problemas de inseguridad. Las estrategias del programa son: (i) dotar de herramientas a las familias de los participantes en el proyecto para su formación profesional y humana, así como el uso de la justicia reparadora. (ii) incluir a los Consejos Comunales en el proceso de reinserción de los pandilleros en sus comunidades, formándoles en seguridad preventiva, justicia reparadora, formación humana y planificación estratégica. (iii) ofrecer educación, deporte, formación profesional y oportunidades de empleo y de emprendimiento a cada participante del proyecto. (iv) establecer un proceso de reinserción.

El Plan Desarme es un programa de la Secretaría de Gobierno de Medellín que busca contribuir a la prevención de la violencia, de homicidios y accidentes letales mediante el desestímulo al porte, tenencia y uso de armas. Como política pública, desde el Plan Desarme se desarrollan un conjunto de estrategias con alto contenido pedagógico y profundo valor simbólico para convocar a los ciudadanos a construir una sociedad sin armas y para contribuir al fortalecimiento de tejido social, reconociendo al Estado como garante de la preservación de la existencia humana y como el único y legítimo portador de las armas. El Plan Desarme ha desarrollado estrategias pedagógicas de sensibilización desde los escenarios políticos hasta las aulas de clase, logrando generar decisiones políticas que se ven reflejadas en los planes de desarrollo y en la creación del Plan. También se busca que los ciudadanos puedan depositar de manera voluntaria y anónima las armas blancas en una Urna. Los niños también pueden vincularse a las campañas de entrega de juguetes bélicos presentadas en las diferentes instituciones educativas de la ciudad.

Las UPPs tienen el objetivo de recuperar el control de territorios tomados por el crimen organizado y facilitar la integración social y económica de las favelas en la ciudad. El programa procede en cuatro etapas: i) la intervención táctica consiste en la incursión militarizada, generalmente con previo aviso, para la recuperación del territorio; ii) la estabilización es el patrullaje posterior de la favela, todavía bajo la responsabilidad de los grupos de operaciones especiales; iii) la implantación de la UPP ocurre cuando el control del área pasa a la policía de proximidad y se prepara la llegada de otros servicios públicos y privados; y iv) finalmente se prevé la evaluación y monitoreo del programa.

El Sistema les brinda protección durante el proceso penal y mientras su vida se encuentre en peligro. Esta asistencia es integral, es decir implica ámbitos como lo legal, económico, laboral, educativo, piscológico y de seguridad. De allí que se requiere de un trabajo interinstitucional en el que está involucrados ministros como el de Educación e Inclusión Social y otras instituciones.

El mandato del programa es mitigar y desactivar la violencia comunitaria, entendida como un tipo de violencia diferente a la criminal pero con muchos puntos en común. Para ello el programa despliega tres tipos de actividad: (i) mediación, por ejemplo, negociación de tratados de paz, (ii) asesoramiento por ejemplo, asistencia terapéutica y psicológica, (iii) desarrollo social, por ejemplo, subvenciones de medios de vida a pequeña escala para excombatientes. El PMI también proporciona algunas pequeñas subvenciones a los miembros de pandillas para ayudarlos y alentarlos a desarrollar un medio de vida alternativo. Por ejemplo, ha patrocinado granjas avícolas y una fábrica de fabricación de bloques para proporcionar a más de 50 jóvenes en riesgo una fuente legítima de ingresos.

El programa se orienta a proveer las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos o denunciantes, su domicilio, profesión y lugar de trabajo. Entre otras medidas el programa puede promover: (i) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave que se mantendrá en reserva. (ii) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normalue las citaciones y notificaciones se cursen reservadamente a su destinatario. (iii) Que el testigo o denunciante sea conducido en vehículo oficial. (iv) Que se establezca una zona de exclusión para la recepción del testigo o denunciante, así como para tomar sus declaraciones. (v) Que se le brinde protección policial especial. (vi) Que se emplee un local reservado para su uso exclusivo, convenientemente custodiado, donde deba prestar testimonio. Una vez finalizada la intervención del testigo o denunciante, si se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en este decreto, se brindará en su caso, protección policial.

Las medidas de seguridad adoptadas por el programa son aplicadas en beneficio de la persona protegida, según la gravedad y las circunstancias de cada caso. Se incluyen medidas como: transferencia de residencia o alojamiento provisional en un lugar seguro, ayuda financiera mensual para proveer los gastos necesarios para la subsistencia individual o familiar (en el caso de que la persona protegida esté imposibilitada de desarrollar trabajo regular o de inexistencia de cualquier fuente de ingresos), suspensión temporal de las actividades funcionales, sin perjuicio de los respectivos vencimientos o ventajas, cuando servidor público o militar, apoyo y asistencia social, jurídica y psicológica, sigilo en relación a los actos practicados en virtud de la protección concedida, apoyo del órgano ejecutor del programa para el cumplimiento de obligaciones civiles y administrativas que exijan la asistencia personal.

Medidas de protección para testigos y otras personas colaboradoras con la justicia que asumen riesgos su integridad física y moral. Entre las medidas que el programa ofrece para garantizar la seguridad de victimas y testigos se encuentran: (i) proporcionar los documentos necesarios para establecer una nueva identidad, (ii) permitir que un participante use un nombre falso en relación con los deberes inherentes al Programa, (iii) reubicar al participante y su propiedad, si corresponde, (iv) proporcionar alojamiento para el participante, (v) proporcionar pagos al participante con el propósito de cubrir gastos razonables de subsistencia incluyendo los gastos de subsistencia de su familia, (vi) proporcionar asistencia al participante para obtener empleo, acceso a educación y cuidado de la salud, (vii) proporcionar otro tipo de asistencias que sean necesarias para asegurar la autosuficiencia del participante.

La meta fue la reducción del número de homicidios mediante la restricción del horario de venta de bebidas alcohólicas en los bares y establecimiento similares del Municipio de Diadema, en San Pablo, considerando el diagnóstico previo ya mencionado que señalaba que muchas muertes acontecían los fines de semana por conflictos interpersonales en la proximidad de los bares. La medida (ley nº 2107) establecía el horario de 06 a 23 horas para el funcionamiento de bares y similares, es decir, otros establecimientos con suministro de bebidas alcohólicas para consumo en el propio local. Adicionalmente, prohibía la concesión de licencias para establecimientos localizados a una distancia menor a 300 metros de centros educativos. Para la fiscalización fue creado el programa Diadema Legal, integrando a fiscales municipales, miembros de GCM y de la policía Militar. Equipos constituidos por miembros de esos organismos circulan cotidianamente por las calles de Diadema para garantizar el cumplimiento de la normativa. Entre las sanciones por incumplimiento, la ley establecía la aplicación progresiva de: i) notificación por escrito para regularizar en un plazo no superior a 30 días; ii) multas económicas aplicables por duplicado en caso de reincidencia; iii) cancelación del régimen especial de funcionamiento; y iv) cierre administrativo del establecimiento. Luego del cierre y transcurrido el plazo de 12 meses, podía reconsiderarse la concesión de una nueva licencia de funcionamiento en caso de ser atendida la normativa vigente.

En el marco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana el municipio de Bogotá ha implementado una diversidad de programas para la reducción de la violencia. Estos programas promueven el fortalecimiento de medidas que inhiben la violación de normas, la agresión contra la vida, la integridad ciudadana, y al mismo tiempo refuerzan la convivencia y la negociación del conflicto en consenso. Algunas de las acciones desarrolladas son: observatorio del delito, control cultural de la violencia, fortalecimiento de la policía (policía comunitaria), fortalecimiento de la justicia, integración de la fiscalía, ampliación de cárceles, recuperación de espacios urbanos y mejora de los espacios urbanos y de puntos críticos (inspirado en las ventanas rotas hora zanahoria, desarme, atención a la juventud en temas de drogas y violencia, atención a las poblaciones desplazada por la violencia. Asimismo algunos programas incluyen metas especificas de reducción de homicidios como el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá.

El programa se orienta a proporcinoar protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de seguridad civil y del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, querellantes adhesivos y otras personas expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales; así como a periodistas que lo necesiten derivado del cumplimiento de su función informativa. Los beneficios del servicio de protección se podrán extender, cuando sea necesario, al cónyuge o conviviente, padres, hijos y hermanos, así como cualquier persona ligada al beneficiario y expuesta a riesgo por las mismas causas.

El Programa está dirigido a líderes sindicales y activistas. El programa prevé su activación en función de constatar una amenaza realizada a una persona dada a conocer por alguna autoridad del Ministerio del Interior y de Justicia. El programa establece esquemas de protección que son adjudicados a líderes sindicales, a partir de una certificación que para el efecto entrega la propia organización sindical y verifica el Ministerio de Protección Social.

El Programa Distrital de Protección a las víctimas, Testigos y Familiares tiene por objeto proporcionar protección y asistencia a personas amenazadas por colaborar con la investigación o el proceso criminal, a través de la adopción de un conjunto de medidas de protección y de incentivo a la reinserción social en un marco local distinto del área de riesgo. El art. De la Ley nº 9807/99 trae un ejemplar de las medidas de seguridad adoptadas por el programa, las cuales serán aplicadas aisladamente o acumulativamente, en beneficio de la persona protegida, según la gravedad y las circunstancias de cada caso. Se incluye medidas como: transferencia de residencia o alojamiento provisional en un lugar seguro, ayuda financiera mensual para proveer los gastos necesarios para la subsistencia individual o familiar (en el caso de que la persona protegida esté imposibilitada de desarrollar trabajo regular o de inexistencia de cualquier fuente de ingresos), suspensión temporal de las actividades funcionales, asistencia social, jurídica y psicológica, sigilo en relación a los actos practicados en virtud de la protección concedida, apoyo del órgano ejecutor del programa para el cumplimiento de obligaciones civiles y administrativas que exijan la asistencia personal.

Institucionalizado por el decreto 43334 del 20/05/2003, el Fica Vivo! tiene como objetivo central reducir la incidencia de homicidios dolosos, mediante acciones de prevención y represión, en áreas de riesgo de la Región Metropolitana de Belo Horizonte y de otros municipios de Minas Gerais con altos niveles de violencia. El programa propone un abordaje multi-agencial con impronta local y comunitaria. Sus componentes centrales son dos: la 'protección social' y la 'intervención estratégica', este último vinculado a la actuación del sistema de justicia criminal. Sus principales elementos son el Grupo de Intervención Estratégica (GIE) y el Grupo Especializado en Policiamiento de Áreas de Riesgo (GEPAR). El primero es un espacio que congrega a diversas instituciones del sistema de justicia criminal para optimizar la producción, circulación y análisis de informaciones criminales. Su actuación es clave para orientar la 'represión cualificada', la definición de objetivos y las estrategias de actuación. El GEPAR es una unidad de patrullaje preventivo, con vocación comunitaria, que se establece de manera permanente en las regiones donde funciona el Fica Vivo!. El componente de protección social, por otra parte, busca ofrecer una red de atención local para prevenir la violencia, mejorar la convivencia y el ejercicio de ciudadanía. Para ello, se ofrecen diferentes servicios a la población entre 12 y 24 años residente en las comunidades intervenidas por el programa. Las actividades desarrolladas en este marco son de diverso tipo: atención psico-social, talleres de deporte, de arte, cultura, etc.

El programa propone un conjunto de acciones para prevenir situaciones de violencia y homicidios en el caso de policías que participaron en eventos de naturaleza grave. En sus comienzos el programa preveía la participación de estos policías por cinco días para desarrollar estudio diagnóstico, actividad física, dinámica de grupo, participar de charlas y visitas. El policía también recibía seguimiento por treinta días, y al final de ese período se realizaba una reunión de evaluación. A partir de 1995 el programa experimenta cambios, en especial a partir de aumentar la permanencia de los policías (cuyas ocurrencias resultaron en muerte) de 5 días a seis meses. Después de desarrollar las actividades mencionadas anteriormente, los policías son recolocados lejos del lugar del incidente y pasan a realizar tareas de patrullaje a pie.

Durante la década de 1990 la municipalidad de Medellín implemento varios programas para la recuperación de los espacios públicos y el desarrollo territorial de la ciudad. Uno de estos programas promulgado en el año 1999 buscó promover el desarrollo urbano y rural a partir de impulsar un nuevo sistema de transporte conocido como Metrocable. Este sistema conectó zonas céntricas con las zonas más pobres y periféricas de la ciudad. Además de este sistema el programa incorporó mejoras en la iluminación de espacios públicos, puentes peatonales y calles, parques, edificios para escuelas, centros recreativos y centros para promover microempresas. Otro de los componentes del programa buscó aumentar el patrullaje policial y se creó una estación de policía familiar al lado de cada estación del Metrocable.

El plan tiene como objetivos: (i) La disminución del uso y proliferación de armas de fuego y municiones. (ii) La reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego. (iii) La sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas. (iv) La promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tenencia y uso de armas de fuego.

El programa de protección es concebido como un instrumento de lucha contra la criminalidad y de fortalecimiento de la justicia en tanto que es un mecanismo para asegurar el medio de prueba testimonial y de esta manera colaborar con la administración de justicia. El programa promueve la garantía de la protección de la vida e integridad de las personas que en el participan. El principal mecanismo para proteger a los testigos es el alejamiento del protegido (y su grupo familiar) de la zona riesgo y su vinculación al esquema de seguridad correspondiente al nivel de riesgo definido. En los casos donde se evalúa un riesgo extremo, los protegidos pueden ser acogido bajo tres esquemas de seguridad: (i). Máximo: consistente en control absoluto del programa y una condición de intramuralidad, es decir de acompañamiento y vigilancia permanente en el lugar de residencia. (ii). Mediano: en condición de extramuralidad pero sometido al seguimiento de las orientaciones de seguridad y a la supervisión periódica por parte del programa. (iii). Supervisado: consistente en el cambio de domicilio y en la supervisión esporádica por parte del programa de protección. En el caso de los servidores publico intervinientes en el proceso penal y que por efecto de esto resulten sometidos a algún nivel de riesgo, el programa prevé dos medidas: (i). Si el riesgo es evaluado como extraordinario, se solicita la reasignación de la investigación y/o el traslado del servidor a otra región del país. (ii). Si el riesgo es calificado como extremo se le asigna un esquema de seguridad y se solicitan mediadas de orden administrativo